El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que desconoce las razones por las cuales, desde 2018 con la llegada del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se ha generado lo que calificó como una “agresión” hacia la industria minera nacional.
Lo anterior, luego de que este día se anunciara la revisión y consideración de diversas concesiones mineras en el país, varias de ellas ubicadas en el estado de Chihuahua.
De la Peña subrayó que se trata de un tema de carácter estrictamente federal, por lo que corresponderá a la autoridad central explicar los alcances y motivos de estas decisiones. No obstante, señaló que el Gobierno del Estado mantiene comunicación permanente con el clúster minero en Chihuahua, cuyos integrantes, hasta el momento, no han manifestado afectaciones directas derivadas de esta determinación.
Explicó que el primer canal de contacto con las empresas del sector es la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), dependencia que funge como puerta de entrada para la atención de temas vinculados a la actividad minera en la entidad.
En materia de seguridad, el funcionario destacó que, a diferencia de otras entidades del país, en Chihuahua se creó desde el inicio de la actual administración una Policía Minera especializada, con el objetivo de establecer esquemas de protección específicos para trabajadores, instalaciones y operaciones.
“Hace unos días tuvimos un incidente que involucraba a seis personas donde aparentemente algunos elementos del crimen organizado retuvieron ilegalmente a seis empleados de una mina cercana a la población de Moris. Inmediatamente se ensamblaron las instituciones que conforman la Mesa de Seguridad, sobre todo las que tienen capacidades operativas, y en cuestión de horas fueron recuperados sanos y salvos”, detalló.
El secretario general indicó que este tipo de respuestas evidencian la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y las fuerzas federales para atender cualquier eventualidad en zonas de operación minera.
Asimismo, explicó que los enlaces directos con el sector dependen de la naturaleza del tema: cuando se trata de asuntos económicos o de desarrollo, el contacto se realiza a través de la SIDE; en temas de seguridad intervienen la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya; la Fiscalía General del Estado, a cargo de César Jáuregui; la propia Secretaría General de Gobierno o, en algunos casos, existe comunicación directa con la gobernadora Maru Campos.
De la Peña reiteró que la administración estatal se mantiene atenta a cualquier impacto que pudiera derivarse de las decisiones federales en materia de concesiones, al tiempo que aseguró que la prioridad es preservar la estabilidad operativa y la seguridad en una industria estratégica para la economía de Chihuahua.